«Lo cierto es que los actos recurridos siguen vigentes y no podemos quedar al capricho de la autoridad de volver a aplicarlos», acusaron los abogados de un grupo de empresas.

Un grupo de empresas que se agrupan bajo el paraguas de Inmobiliarias de Predios Rurales (IPRA) sufrieron un revés luego de que la Corte de Apelaciones desestimara el recurso de protección que presentaron en contra del Ministerio de Agricultura, luego de que éste instruyera al SAG endurecer los  criterios para autorizar loteos.

A pesar de que en otro proceso paralelo el gremio de parceleros Chile Rural consiguió que se suspendieran las circulares del gobierno –en una causa que sigue en tribunales y con los instructivos congelados-, el SAG sostuvo públicamente que los oficios solo referían a facultades “preexistentes y legalmente consagradas”, por lo que ha seguido solicitando una serie de antecedentes para autorizar subdivisiones.

El fallo de la Corte validó que la autoridad vele porque no se infrinja la normativa y no solo en relación a la subdivisión misma, sino también respecto a otros factores como la presencia de bosque nativo, humedales, lugares arqueológicos y centros ceremoniales, o bien, que se pretenda instalar un proyecto inmobiliario.

No obstante, IPRA, no conforme con la sentencia, ya apeló y solicitó elevar la disputa a la Corte Suprema para obtener un pronunciamiento del máximo tribunal.

Los argumentos

Los abogados Sebastián Bórquez y Franco Ortega –del estudio Cuadra Gajardo-, que representan a las empresas de IPRA, alegaron que el fallo es deficiente y que “no cumple con la congruencia entre lo pedido y lo resuelto”.

Uno de los puntos que reclaman es que la sentencia asume que la subdivisión predial implica un cambio en el uso de suelo, lo cual, argumentan, no es efectivo, sino que es un derecho legítimo que se ejerce sobre la propiedad del terreno.

Asimismo, esgrimen que el fallo analizó si las autoridades tenían las facultades para dictar los actos administrativos, cuando lo que las empresas alegan es respecto a la “naturaleza reglada” de las circulares.

Las inmobiliarias insisten en que sus derechos constitucionales siguen siendo vulnerados, debido a los nuevos criterios aplicados por el SAG, y aluden a “efectos devastadores en la actividad económica” por los actos de las autoridades: “La única medida que frenará estos efectos devastadores durante la tramitación del presente proceso, es volver al estado anterior de las cosas, dejando sin efectos los actos recurridos. Aun cuando se estén otorgando permisos de subdivisión por parte de los recurridos, lo cierto es que los actos recurridos siguen vigentes y no podemos quedar al capricho de la autoridad de volver a aplicarlos”.

Con todo esto, acusan que las medidas del gobierno vulneran los derechos de propiedad y de desarrollar una actividad económica lícita. Las circulares “no se dictaron con el objeto de proteger el valor agrícola de las subdivisiones, sino que, como el propio ministro (Esteban Valenzuela) ha confesado en entrevistas, únicamente tuvo por finalidad impedir o frenar cierto tipo de proyectos”.

Además de la disputa que el Minagri libra en este frente y, en paralelo, con el gremio Chile Rural, el gobierno ha asegurado que ingresará un proyecto para regular el explosivo incremento de loteos a nivel nacional. Sin embargo, la iniciativa se ha ido posponiendo constantemente y aún no hay claridad de cuándo se concretaría.

«Lo cierto es que los actos recurridos siguen vigentes y no podemos quedar al capricho de la autoridad de volver a aplicarlos», acusaron los abogados de un grupo de empresas.

Un grupo de empresas que se agrupan bajo el paraguas de Inmobiliarias de Predios Rurales (IPRA) sufrieron un revés luego de que la Corte de Apelaciones desestimara el recurso de protección que presentaron en contra del Ministerio de Agricultura, luego de que éste instruyera al SAG endurecer los  criterios para autorizar loteos.

A pesar de que en otro proceso paralelo el gremio de parceleros Chile Rural consiguió que se suspendieran las circulares del gobierno –en una causa que sigue en tribunales y con los instructivos congelados-, el SAG sostuvo públicamente que los oficios solo referían a facultades “preexistentes y legalmente consagradas”, por lo que ha seguido solicitando una serie de antecedentes para autorizar subdivisiones.

El fallo de la Corte validó que la autoridad vele porque no se infrinja la normativa y no solo en relación a la subdivisión misma, sino también respecto a otros factores como la presencia de bosque nativo, humedales, lugares arqueológicos y centros ceremoniales, o bien, que se pretenda instalar un proyecto inmobiliario.

No obstante, IPRA, no conforme con la sentencia, ya apeló y solicitó elevar la disputa a la Corte Suprema para obtener un pronunciamiento del máximo tribunal.

Los argumentos

Los abogados Sebastián Bórquez y Franco Ortega –del estudio Cuadra Gajardo-, que representan a las empresas de IPRA, alegaron que el fallo es deficiente y que “no cumple con la congruencia entre lo pedido y lo resuelto”.

Uno de los puntos que reclaman es que la sentencia asume que la subdivisión predial implica un cambio en el uso de suelo, lo cual, argumentan, no es efectivo, sino que es un derecho legítimo que se ejerce sobre la propiedad del terreno.

Asimismo, esgrimen que el fallo analizó si las autoridades tenían las facultades para dictar los actos administrativos, cuando lo que las empresas alegan es respecto a la “naturaleza reglada” de las circulares.

Las inmobiliarias insisten en que sus derechos constitucionales siguen siendo vulnerados, debido a los nuevos criterios aplicados por el SAG, y aluden a “efectos devastadores en la actividad económica” por los actos de las autoridades: “La única medida que frenará estos efectos devastadores durante la tramitación del presente proceso, es volver al estado anterior de las cosas, dejando sin efectos los actos recurridos. Aun cuando se estén otorgando permisos de subdivisión por parte de los recurridos, lo cierto es que los actos recurridos siguen vigentes y no podemos quedar al capricho de la autoridad de volver a aplicarlos”.

Con todo esto, acusan que las medidas del gobierno vulneran los derechos de propiedad y de desarrollar una actividad económica lícita. Las circulares “no se dictaron con el objeto de proteger el valor agrícola de las subdivisiones, sino que, como el propio ministro (Esteban Valenzuela) ha confesado en entrevistas, únicamente tuvo por finalidad impedir o frenar cierto tipo de proyectos”.

Además de la disputa que el Minagri libra en este frente y, en paralelo, con el gremio Chile Rural, el gobierno ha asegurado que ingresará un proyecto para regular el explosivo incremento de loteos a nivel nacional. Sin embargo, la iniciativa se ha ido posponiendo constantemente y aún no hay claridad de cuándo se concretaría.

Fuente: Diario Financiero

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