La inversión inmobiliaria completaría así cinco años consecutivos de bajas, con las ventas hundiéndose 31% y cerca de 92 mil trabajadores desocupados en la industria.

En el próximo año se espera experimentar una fuerte caída de la inversión en el sector de la construcción, la cual retrocedería un 5,3% en comparación con 2022. De ratificarse este deterioro, según estimaron este viernes desde el gremio, se completarían cinco años con cifras rojas.

En cuanto a las ventas inmobiliarias, se espera que vayan a la baja por los altos precios, con una caída del 31%, dificultando así el acceso a la vivienda.

Sobre el empleo, la Cámara Chilena de la Construcción (CchC) espera unos 92 mil trabajadores desocupados. Esto, en el entendido que -según sus cálculos- por cada US$ 1.000 millones que se dejan de invertir en el rubro, no se crean 50 mil puestos de trabajo.

La gerenta general de la CChC, Paula Urenda, señaló que esto tendrá un impacto directo en el déficit de viviendas, con lo que el plan del Presidente Gabriel Boric sobre la emergencia habitacional podría verse golpeado. “De seguir así estas condiciones y no tomar medidas con urgencia, este plan se podría ver afectado”, afirmó.

Agregó que en el último año han tenido un aumento promedio de 37% en el precio de los materiales. Ese 37%, repercute entre un 13% y 17% en el costo final.

El presidente de la Cámara, Antonio Errázuriz, calificó esta situación con un sentido de urgencia para que el mundo público trabaje en colaboración con los privados y lograr salir adelante.

Seis propuestas

En este contexto, Antonio Errázuriz expuso seis medidas que el Estado debería implementar para la recuperación del gremio, las que se describen a continuación:

1. Recepción y pago oportuno de los proyectos que se están realizando, reponiendo la certeza jurídica en los permisos, que sean capaces de mantenerse en el proceso de construcción de los proyectos considerando los cambios en la regulación del impacto ambiental.
2. Destrabar iniciativas de inversión en curso que enfrentan dificultades para su desarrollo o entrega final por decisiones de distintos organismos públicos.
3. Aprobar un reajuste extraordinario a los contratos de obras de infraestructura pública en ejecución, afectados por el fuerte aumento del precio de los materiales.
4. Crear una línea de financiamiento especial para las empresas de la construcción -no califican para Fogape- y mejorar el actual mecanismo de reorganización judicial.
5. Avanzar en la Agenda Pro Productividad comprometida por el Gobierno.
6. Llamado a la reflexión sobre la reforma tributaria. La forma de recaudar los fondos debe ser más a través de la inversión que de la reforma, dado el panorama que se proyecta para 2023.

Fuente: Diario Financiero

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