Este lunes, la sala de la Cámara aprobó la iniciativa por 119 votos a favor y 2 abstenciones. De esta manera, ahora se envía a su segundo trámite legislativo en el Senado.

El lunes pasado el gobierno presentó un proyecto de ley que tiene como objetivo incentivar la venta de viviendas disponibles o que exista respecto de ella un contrato de promesa de compraventa. Y este lunes, la sala de la Cámara lo aprobó por 119 votos a favor y 2 abstenciones. De esta manera, la iniciativa pasará a su segundo trámite legislativo al Senado.

A este beneficio podrán acceder quienes cumplan con los siguientes requisitos: que la vivienda adquirida esté construida y con recepción final a la fecha de entrada en vigencia de la ley o, que a la fecha de entrada en vigencia de la ley no cuenten con recepción final conforme, siempre que respecto de ellas exista un contrato de promesa de compraventa. Si bien el proyecto original consideraba que el plazo se extendía hasta el 1 de julio de 2024, luego de la discusión en la Comisión de Hacienda, el gobierno ingresó una indicación que la extiende hasta el último día de septiembre de 2024.

Esta iniciativa apoyará a las personas que adquieran una vivienda con crédito hipotecario, a través de un crédito tributario reembolsable, es decir, se rebaja el Impuesto Global Complementario o se da derecho a una devolución de hasta 16 UTM ($1.000.000) por la compra de viviendas nuevas, en el período comprendido entre el mes siguiente a la publicación de la ley y el último día de septiembre de 2024 (indicación incluida al proyecto; antes el plazo era hasta junio de ese año). El beneficio se entregará por 5 años, por lo que el monto total de rebaja tributaria o subsidio por contribuyente ascenderá a $5.000.000.

La opinión generalizada favoreció esta iniciativa. Se valoró, en especial, que se dirija a la clase media y en pro de atacar el déficit de vivienda. Sobre ello, algunas intervenciones recalcaron la importancia de apoyar también el plan de emergencia habitacional e incentivar medidas que eliminen barreras burocráticas.

El costo fiscal estimado en esta medida es de $5.300 millones en 2024 y $31.798 millones entre 2025 y 2029, basado en el supuesto de que las ventas totales del período de aplicación de la medida serán de 62.579 viviendas. Así, se proyecta que con este incentivo se duplicaría la proporción de ventas de viviendas terminadas versus el total de vendidas, lo que implica que se acogerían al beneficio la mitad de las unidades que se venden en el período: 31.290. Además, se asume que la tasa de desistimiento sería cero.

Fuente: La Tercera

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