Mientras el experto designado por la empresa determinó una indemnización de $ 7.229 millones por el paño en cuestión, su contraparte elegida por el Estado la fijó en $ 1.225 millones.

Un nuevo capítulo sumó la disputa entre el Fisco de Chile, a través del Consejo de Defensa del Estado (CDE), y la Compañía de Petróleos de Chile (más conocida como Copec), tras la expropiación de un terreno  donde se ubicaba una estación de servicio en el barrio El Golf de Santiago.

Ahora, y luego que cada parte nominara un perito para entregar una tasación al juzgado que lleva la causa, las partes ampliaron sus -millonarias- diferencias: mientras el experto designado por la empresa (el arquitecto Guillermo Condemarin) determinó una indemnización de $ 7.229 millones por el paño en cuestión, su contraparte elegida por el Estado (la arquitecta Angélica Seura) la fijó en $ 1.225 millones.

El Fisco inició un litigio tras acusar que se estaría pagando a Copec un valor superior al correspondiente por la expropiación.

La disputa se desató luego que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) decretara la expropiación del emblemático paño de 1.725 metros cuadrados. Éste está ubicado en el triángulo formado por las Avenidas Andrés Bello, Vitacura e Isidora Goyenechea, frente a la embajada de Estados Unidos, donde por año funcionó el servicentro. En el terreno se desarrollará la estación Isidora Goyenechea, una de las 19 paradas de la futura Línea 7 del Metro.

El Fisco inició un litigio tras acusar que, a su juicio, se estaría pagando a Copec un valor superior al correspondiente por la expropiación del terreno donde se ubicó una de las estaciones de servicio más emblemáticas del sector oriente de la capital. Apuntó a un “error en el cálculo” de la comisión tasadora.

La empresa rechazó los argumentos del CDE y presentó una demanda de reclamo de monto de indemnización provisional por expropiación. “El terreno expropiado tiene un valor superior al fijado por la Comisión de Peritos del MOP”, sostiene la compañía ligada al grupo Angelini.

La comisión tasadora fijó un valor por metro cuadrado del terreno expropiado de $ 2.450.000, lo que da un total de $ 4.226 millones por la superficie total del paño en cuestión.

Copec solicitó a la justicia el pago de $ 4.041.946 por m2, poco más de $ 6.972 millones por todo el terreno, mientras que el Fisco pidió fijar una indemnización de $ 1.275.841 por m2, lo que da un total de $ 2.201 millones por toda la superficie.

Potencial del terreno

Como parte del juicio, cada parte designó un perito para tasar el predio, informes que fueron entregados recientemente al tribunal.

La experta nombrada por el Fisco sostuvo que –“aplicando el método de mercado comparativo corregido y utilizado adecuadamente”, dijo- el valor del terreno es de $ 710.203 por metro cuadrado.

Señaló que Copec supone un valor incluso superior al fijado por la comisión de peritos del MOP, pasando por alto -aseguró- que el lote expropiado tiene una superficie de terreno excluida del Plan de Regulador Comunal de Las Condes, lo que implica serias restricciones que dificultan su comercialización. Y enumeró: 1. Las servidumbres de acueductos; 2. La afectación a utilidad pública en su totalidad; 3. La prohibición de funcionamiento de una bomba de bencina y, 4. No contar con ningún tipo de normativa que contemple uso, ni destino posible. Esto, aseguró, “al ser desde siempre considerado, como se comprobó en el presente informe, un predio de reserva vial, un nudo de tránsito, que puede ser requerido en cualquier momento, como lo fue ahora para el desarrollo vial del sector. Y como se confirmó por parte de la Directora de Obras a través de su carta en respuesta a mi pregunta respondida por oficio N°1302”, dijo la perito.

Luego, añadió: “Cabe destacar que para llegar a esta conclusión sostuve reuniones con diversos directivos y profesionales de la Municipalidad de Las Condes, y de la Seremi de Vivienda, los cuales respondieron todas mis dudas, y me aportaron el material gráfico que expongo”.

Por el contrario, el experto designado por Copec planteó una tesis totalmente distinta. “Este perito llega a la conclusión que el Lote N° 68L7 no se encuentra afecto a utilidad pública por ninguno de sus frentes y por lo tanto, es perfectamente posible desarrollar construcciones, en las condiciones expuestas, según el PRCLC (Plan Regulador Comunal de Las Condes), el PRMS (Plan Regulador Metropolitano de Santiago) y la OGUC (Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones”, sostuvo.

Según sus conclusiones, “(i) el terreno no está destinado a vialidad por ningún instrumento de planificación territorial vigente; (ii) al contrario de lo indicado en último CIP (Certificado de Informaciones Previas) emitido, el terreno no enfrenta a la vía troncal Costanera Sur Río Mapocho-Andrés Bello (T27O), por lo que mal podría verse afectado por un ensanche de dicha avenida y (iii) en todo caso, el ancho de 36 metros que el PRMS y el PRCLC definen para la vía troncal referida, ya se encuentra ejecutado en el frente del terreno hacia la avenida Andrés Bello, por lo que mal puede haber utilidad pública que afecte al lote N° 68L7 por un ensanche en dicho frente”.

Fuente: Diario Financiero

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