La CNE modificó el procedimiento técnico, el que entrará en vigencia en noviembre de este 2025.
Según los gremios de la construcción, la normativa “incrementa significativamente los riesgos de un
actuar anticompetitivo”.

La reciente modificación de la Norma Técnica de Calidad de Servicio para Sistemas de Distribución, emitida por la Comisión Nacional de Energía (CNE), ha provocado una fuerte reacción en el sector inmobiliario chileno.
Las principales asociaciones del rubro —la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) y la Cámara Chilena de la Construcción (CChC)— aseguran que la nueva regulación no soluciona los problemas de conexión eléctrica de los proyectos inmobiliarios, sino que los profundiza.

La norma, que reemplaza a la versión anterior de 2019 y comenzará a regir en noviembre de 2025, busca establecer etapas, condiciones y plazos para el proceso de conexión eléctrica: desde la solicitud y la revisión técnica hasta la ejecución de obras y la conexión definitiva por parte de las empresas distribuidoras.

Sin embargo, desde el sector inmobiliario sostienen que la modificación agrava las asimetrías entre los desarrolladores y las distribuidoras eléctricas, a las que califican como monopolios naturales dentro de sus zonas de concesión.
A su juicio, el texto de la CNE otorga mayor discrecionalidad a las distribuidoras, impone plazos indefinidos y permite extensiones “de mutuo acuerdo”, lo que consideran un eufemismo para justificar retrasos unilaterales.

Además, los gremios critican que el proceso de elaboración de la norma no incluyó representación del sector inmobiliario o constructor, limitándose a actores del ámbito eléctrico y estatal.
Según su postura, la exclusión de las inmobiliarias del debate técnico vicia el resultado regulatorio, porque se legisla sobre un proceso que afecta directamente la entrega de viviendas, oficinas, hospitales y colegios.

En un escrito presentado al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), las asociaciones afirman que la normativa restringe la competencia, ya que impide la participación de terceros en etapas donde podría existir apertura —por ejemplo, en la ejecución de obras de conexión—.
El 30 de septiembre, el TDLC acogió a trámite la consulta no contenciosa y ofició a la CNE, al Ministerio de Energía, al Coordinador Eléctrico Nacional y a diversas distribuidoras para recabar antecedentes.

Los desarrolladores sostienen que los retrasos crónicos en las conexiones eléctricas ya provocan un impacto financiero significativo, especialmente en proyectos terminados que no pueden ser habitados ni comercializados mientras esperan la autorización de conexión.
En su opinión, la nueva regulación consolida un modelo ineficiente que afecta no solo al sector inmobiliario, sino también a toda la cadena productiva y de servicios, incluyendo viviendas sociales y equipamiento público.

“El efecto no se limita a las empresas inmobiliarias, sino a toda la economía, porque sin energía no hay proyectos habitables ni productivos”, señalaron representantes de la ADI y la CChC en su presentación ante el tribunal.

Fuente: https://www.df.cl/empresas/construccion/inmobiliarias-cuestionan-nueva-norma-que-regula-conexion-al-suministro