Desde San Valentino pretenden forzar la compraventa y acusan al municipio de desconocer las «obligaciones contraídas en un contrato válidamente suscrito y de buena fe por nuestra parte».

La inmobiliaria dueña de la ex clínica Sierra Bella anunció acciones legales contra la Municipalidad de Santiago para forzar la compraventa del recinto, luego de que la alcandía encabezada por Irací Hassler (PC) anunciará que no perseverará con la operación, tras un un oficio de Contraloría señalando que no se justificaba la compra y apuntan un sobreprecio. A través de un comunicado recogido por La Tercera, la inmobiliaria San Valentino señaló, en primer lugar, el contexto en que ellos compraron el inmueble a un precio mucho menor al que luego acordaron con la municipalidad. «Entendemos que genera evidente polémica, pero esta responde a razones comerciales y de mercados marcadas por los distintos contextos de cada operación».

Rechazamos tajantemente lo que se ha expuesto respecto a que nosotros habíamos ofrecido la clínica públicamente por un valor mucho menor». Respecto al proceso de venta con el municipio, la inmobiliaria recalcó que nunca ofrecieron el recinto y que tampoco tuvieron contacto previo con la alcaldía, afirmando que fueron estos últimos los que se acercaron. La empresa señala que los primeros contactos se produjeron entre los últimos días de septiembre y primeros días de octubre de 2022, mediante Claudia Ortega, una funcionaria del Cesfam Padre Orellana, quien indicó que la municipalidad estaba buscando adquirir infraestructura para salud y con quien se habrían coordinado las visitas de las autoridades municipales.

La inmobiliaria habla en específico de una visita realizada el 5 de diciembre, cuando la alcaldesa Hassler llegó junto a un grupo de cerca de 15 personas, y que su equipo de comunicaciones hizo público, quedando registrado en redes sociales, y «mostrando el establecimiento y un gran entusiasmo por concretar esta compra por parte del municipio, en circunstancias que aún no recibía sus tasaciones ni se tenía mayor claridad de si podría o no concretar o no la operación».

Es esto último lo que ahora constatan como «un primer paso irresponsable de la alcaldesa», pues «antes de conocer sus tasaciones o valoraciones o si disponía del presupuesto para ello, comenzó a generar expectativas de los vecinos y funcionarios, por el pronto traslado del Cesfam Padre Orellana». «De todos modos que desde el inicio nos abrimos a la posibilidad de venta únicamente porque este podría ser negociado no como un terreno o inmueble, sino que como un edificio médico como activo de salud con sus derechos, de lo contrario nunca habríamos explorado esa opción», agrega el comunicado. Asimismo, San Valentino asegura que solo existió una instancia de negociación, una reunión presencial llevada a cabo el 20 de diciembre de 2022, donde habrían sido citados por Hassler y en la que «ella personalmente llevó esta negociación». En la instancia, según dicen, la edil ofreció un precio un poco menor del finalmente acordado, al que no accedieron. Por ello es que la alcaldesa ofreció el valor que sí aceptaron, de 234.124 UF.

Por lo mismo, es que critican a la alcaldesa, pues recalcan que fue la municipalidad de Santiago la que inició los contactos para la compra de Sierra Bella y que «miente al país al negar que el abogado Pablo Casanueva tenía mandato por parte de la municipalidad». Nos sentimos decepcionados y perjudicados por una serie de incumplimientos, irresponsabilidades, y falta de claridad mínima de la máxima autoridad municipal y sus equipos, la que a estas alturas raya en la total inexperiencia, y por qué no decir en la mala fe de la compradora, pues pretende desconocer sus obligaciones contraídas en un contrato válidamente suscrito y de buena fe por nuestra parte», dicen. Así, desde San Valentino anunciaron «acciones judiciales destinadas a perseguir el cumplimiento forzado de la compraventa, protegiendo nuestros legítimos intereses como vendedores».

Los negocios comprometen de manera seria y de buena fe a las partes, debiendo respetarse los actos suscritos, la palabra empeñada y las obligaciones correlativas contraídas. Es lo mínimo que se podría esperar especialmente por tratarse de un acto en el que se involucra una institución pública», manifiestan.

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Fuete: Emol