“Muchas otras empresas constructoras e inmobiliarias han enfrentado dificultades económicas similares”, dijo la sociedad.

La Inmobiliaria Gregorio Marañón SpA, representada por Moshe Waceols Rodríguez, solicitó la apertura de un proceso de liquidación voluntaria. La empresa maneja un proyecto habitacional por más de US$ 12 millones en Viña del Mar.

“Es un hecho público y notorio que al igual que Inmobiliaria Marañón SpA, muchas otras empresas constructoras e inmobiliarias han enfrentado dificultades económicas similares, debiendo recurrir también a la protección del procedimiento de liquidación empresarial”, dijo a la justicia el abogado de la sociedad, Andrés Weinstein.

Explicó que la empresa adquirió, durante el año 2015, un predio en la calle Gregorio Marañón 1062 de Viña del Mar, y encargó la construcción de una conjunto habitacional, compuesto por dos inmuebles, edificios Peumo y Ceibo, con un programa conjunto de 30 departamentos.

El jurista detalló que el presupuesto de construcción fue de 239.046 UF IVA incluido y, producto de la pandemia, comprendiendo las cuarentenas y alzas en los materiales, significó un mayor costo de 67.200 UF, un incremento de 26% mayor. De esta manera, según antecedentes proporcionados por la inmobiliaria, el valor de la obra se empinó por sobre los US$ 12 millones.

“Como consecuencia del estallido social, primero, y de la pandemia después, aumentaron los plazos de construcción, principalmente por causa de cuarentenas y la falta de personal en el rubro construcción en perioro de pandemia”, dijo la sociedad.

Además, el abogado de la empresa recordó que hubo un alza en los costos de construcción, principalmente en los importados, equivalente a un 65% de los utilizados en el proyecto.

“Aumentaron los costos y los plazos de abastecimiento de embarques marítimos, lo que produjo un quiebre de stock en los materiales de construcción importados, siendo esta otra razón en un aumento considerable en los tiempos de construcción”, aseguró.

Las promesas

Desde el punto de vista financiero, el jurista apuntó a las políticas de retiro de fondos de pensiones y bonos familiares. “Se produjo un alza considerable de la inflación en el país, lo que repercutió en una considerable alza de las tasas de interés, lo que afectó directamente las finanzas de la empresa, y además, significó importantes restricciones crediticias para los promitentes compradores, todo lo cual es de amplio conocimiento público”, manifestó el representante de la inmobiliaria.

Sobre esto último, dijo que, al comenzar la construcción de la obra, en el año 2019, se habían suscrito 20 promeses de compraventa, de las cuales sólo se pudieron concretar ocho.

Finalmente, el jurista señaló que una medida prejudicial precautoria presentada por un promitente comprador, ante el Tercer Juzgado Civil de Viña del Mar, ha impedido la venta de otros departamentos comprometidos.

“Todos los inconveniente anteriormente descritos, la falta de liquidez de la empresa y la incertidumbre respecto a la velocidad de venta de los departamentos, bodegas y estacionamientos restantes, nos han llevado a tomar la decisión de presentar la solicitud de liquidación voluntaria”, sentenció el abogado de la inmobiliaria.

La industria

El sector de la construcción enfrentó una de las crisis más profundas de su historia en los últimos años y, tras el complejo periodo, hay voces en la industria que plantean que se han dado algunos pequeños signos de recuperación, principalmente en el nicho de las viviendas sociales.

El número de quiebras ha fluctuado, alcanzando su punto más crítico en 2021, en pandemia, con 22 empresas inmobiliarias declaradas en insolvencia. En contraste, 2022 mostró una aparente estabilización con solo ocho casos, aunque 2023 y 2024 volvieron a registrar un alza con 15 y 16 quiebras, respectivamente, de acuerdo a las estadísticas de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento.

En cuanto a las reorganizaciones, aunque han sido menos frecuentes, estas también han evidenciado un reciente aumento. Tras un período sin este tipo de procesos en 2022 y 2023, 2024 cerró con cuatro casos, el registro más alto desde 2018.

En el sector, destacan la Ley 21748, que otorga un subsidio a la tasa de los créditos hipotecarios para la compra de una vivienda nueva cuyo precio no sea superior a 4.000 UF.

El subsidio, que consiste en una rebaja de hasta el 0,6% de la tasa, permitiría rebajar el stock de viviendas nuevas de las inmobiliarias, que suman más de 100 mil unidades y, de esta manera, posibilitar la activación de nuevos proyectos.

“Sin embargo, hay quienes plantean que la situación inmobiliaria podría volver a complicarse, y comenzar a verse los efectos de que 2024 haya sido el año que menos permisos de edificación se otorgaron en las últimas décadas.

«La construcción sigue sin levantar cabeza. Al cierre de abril de este año, los permisos de edificación (PE) aprobados totalizaron 19.500 unidades a nivel nacional, cifra que representa una baja del 9% respecto al mismo período de 2024 y un desplome del 62% si se compara con el promedio registrado entre enero y abril de 2018 y 2019”.

Fuente: Diario Financiero