Estallido social, freno de obras en pandemia y encarecimiento de materiales, destacan entre las causas. Impacto es menor en infraestructura afectando a menos del 1% de los contratistas.

Estos últimos años no han sido fáciles para el país y particularmente para su economía. Un factor que ha impactado fuertemente al rubro inmobiliario y de la construcción. Que se ha visto reflejado tanto en la debilidad de los resultados financieros de las distintas compañías del sector, como en la cantidad de firmas que han iniciado procesos ante la justicia.

Según las estadísticas de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, durante la primera mitad del año se recibieron 72 solicitudes de liquidaciones de empresas relacionadas con la construcción, lo que representa un aumento del 2% respecto al periodo anterior. Mientras tanto, las compañías deudoras del sector que entraron a reorganización durante este semestre fueron cuatro, misma cantidad que se presentaron en 2022.

Asimismo, de las 636 empresas inscritas en el registro de contratistas del Ministerio de Obras Públicas, sólo cinco han quebrado este año, lo que equivale a menos del 1%. Durante el 2022, según cifras de la institución, nueve firmas solicitaron su liquidación.

Este difícil periodo no solo afectó a las pequeñas empresas del rubro, sino también a aquellas que llevaban décadas funcionando. Este es el caso de la constructora Cosal, firma fundada en 1975 por Samuel Levy, que ingresó su solicitud de liquidación voluntaria en julio de este año.

Otro es el caso de la constructora Proyekta, ligada a Guillermo García y Hugo Irarrázaval, que llevaba más de 30 años en el rubro y que en enero de 2023 tuvo que ingresar una solicitud de liquidación.

Como éstas, hay muchas más en circunstancias similares. El Superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, Hugo Sánchez, sostuvo que entre las razones entregadas por las empresas para solicitar su liquidación destacan el impacto del estallido social, los efectos de la pandemia que paralizó obras, el aumento del precio de los materiales, la menor disponibilidad de mano de obra con costos al alza, el incremento de la inflación e interrupciones en la cadena logística.

“Esperamos que, con la actualización de la Ley de Insolvencia que comenzará a regir el 11 de agosto, más empresas con problemas de solvencia puedan seguir operando, especialmente las de menor tamaño, ya que comenzará a operar una reorganización más económica y simple para este segmento de la economía”, enfatizó Sánchez, agregando que esta normativa se caracterizará por tener menos barreras de acceso y burocracia.

Panorama futuro

Consultada sobre las proyecciones de la industria, la Dirección General de Obras Públicas (DGOP), sostuvo que hoy en día el escenario para el rubro es más favorable que hace algunos meses, debido a que las cifras económicas están “mejorando”.

“Si miramos la evolución de los materiales de la construcción, vemos que los índices de precios están sostenidamente a la baja, lo que es una muy buena noticia, que se suma a la implementación de medidas de reactivación”, destacaron desde la DGOP, agregando que a la fecha un total de 587 contratos ha recibido el pago del reajuste polinómico, por un monto total de $ 120 mil millones, representando el 78% de los contratos de obra.

La Cámara Chilena de la Construcción comparte este diagnóstico, agregando que la baja de tasas es auspiciosa para la industria. “Esto va a permitir agilizar la actividad con condiciones más accesibles para las personas que están interesadas en comprar una vivienda. Además, esperamos que el escenario país ayude a mejorar las expectativas. Para eso es necesario reducir las fricciones, activar la escucha y la colaboración”, indicó el presidente del gremio, Juan Armando Vicuña.

En la misma línea, el académico de la Universidad de los Andes y experto en industria inmobiliaria, José Miguel Simian, espera que este periodo de quiebras ya haya sido absorbido en gran parte por la industria. “Tiendo a pensar que las empresas con mayores dificultades ya quebraron y no espero una ola de quiebras a futuro”, destacó.

¿Reducido mercado?

A pesar de las buenas predicciones de actores de la industria, Rodrigo Andreucci -socio fundador de Andreucci & Torrejón abogados, expertos en el sector- advirtió que el mercado inmobiliario va a reducirse severamente a 2026. “Esto se debe a tres razones esenciales, que van a provocar que existan menos permisos de edificación, y cueste muchísimo lograr financiamientos. Lo anterior bligará a la rápida y acelerada disolución de inmobiliarias y constructoras”, manifestó Andreucci.

Entre los factores, destacó la nueva Ley de Delitos Económicos y Ambientales, las mayores exigencias de los bancos para financiar un proyecto y la falta de profesionales preparados para enfrentar esta nueva realidad, panorama que desembocaría en la reducción del sector a no más de 30 inmobiliarias.

Fuente: Diario Financiero

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